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La inmigración ilegal china al Perú

Los primeros 75 chinos que en 1849 llegaron a Perú lo hicieron en una embarcación danesa de nombre Frederick Wilhem. Estos primeros migrantes llegaban después de 120 duros días de travesía, lo hacían en régimen de semiesclavitud y a menudo eran maltratados por sus dueños . Fue precisamente en esta época en la que el idioma español adoptó la expresión “le engañaron como a un chino”. Y, a pesar de las duras condiciones de vida a las que se enfrentaron en Sudamérica, hasta 1874 casi todos ellos llegaron a Lima con un contrato bajo el brazo. El gobierno sabía cuántos entraban cada año e incluso registraba sus nombres y apellidos.

A partir de 1874, con la firma entre Perú y China del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, se puso fin al “tráfico amarillo” y los migrantes chinos buscaron nuevas fórmulas de llegar a Perú. A finales del siglo XIX y principios del XX muchos lo hicieron desde San Francisco, Hong-Kong u otras regiones del sur de China, en este caso contando con mayores recursos económicos que los primeros culíes.

Los controles migratorios no eran tan estrictos y fueron cambiando con el paso del tiempo, pero ya entonces comenzó un fenómeno que ha durado hasta nuestros días: los documentos falsos y la migración ilegal. Durante décadas, la comunidad china en Lima (con la Beneficencia a la cabeza) se encargó de echar una mano a los que venían desde tan lejos. Se podían conseguir pasaportes falsos, certificados de matrimonio o documentos que demostraban que el chino llevaba varios años viviendo en Lima.

Una vez en Perú, familiares y amigos se encargaban durante los primeros años de ofrecer alojamiento y trabajo. “El tráfico de personas y los ingresos ilegales siempre han existido. Desde que yo tengo uso de razón, ¡siempre! De repente aparecía un nuevo chinito en la ciudad… y oye: ¡un nuevo tío por ahí!”, reconoce Miguel Situ.

Era frecuente que los nuevos migrantes tuvieran que trabajar hasta dos años para pagar sus deudas, pero existía una cierta solidaridad familiar con aquellos que venían con los bolsillos vacíos. Una de las formas más comunes de esquivar las leyes de migración peruanas era a través de la llamada rotación de documentos. “Los chinos entraban en Perú y obtenían papeles de residencia, y luego ellos entregaban sus papeles a otros chinos para que también pudieran entrar. Ellos se quedaban entonces indocumentados y perdían hasta su nombre, pero no importaba: había que ayudar a la gente que probablemente estaba salvando su vida y la de su familia”, explica el empresario José Sam, cuyo padre llegó en los años 70 escapando del Maoísmo.

La llegada de Alberto Fujimori al poder trajo consigo otra fórmula de entrada: la compra directa. En 1991, dentro del Programa de Migración-Inversión, se aprobó el Decreto 663, que permitía a los extranjeros obtener el pasaporte peruano a cambio de un depósito de 35.000 dólares. Después de tantos años de hiperinflación y crisis económica, la iniciativa sirvió para aumentar la inversión extranjera, pero al mismo tiempo permitió a muchos chinos (y a sus familiares) encontrar un atajo para instalarse en Perú. Todavía hoy no se sabe cuántas personas llegaron en el marco de este decreto, promovido entre otros por el tusán Víctor Joy Way (miembro del Congreso) y envuelto en la sombra de la corrupción.

La mafia china en el Perú

La entrada de fujianeses en las últimas décadas, sin duda los más numerosos, ha traído consigo un nuevo ingrediente a las históricas migraciones chinas: la mafia. Desde los años 90, existe una organización criminal con centro en Lima que se dedica no sólo a traficar con chinos (en muchas ocasiones con la idea de acabar en Estados Unidos), sino que además se ha metido en negocios como el juego, la droga y la prostitución.

A este grupo mafioso se le conoce como Dragón Rojo y también se dedica a la extorsión de sus compatriotas (casi nunca peruanos) que regentan restaurantes, hoteles, saunas, gimnasios, karaokes o cualquier otro establecimiento comercial. Cuando éstos no pagan la cuota establecida (a menudo entre 10.000 y 30.000 dólares), destrozan su comercio (incluyendo bombas molotov), amenazan con hacer daño a la familia que han dejado en China, les dan una paliza, les secuestran o les pegan un tiro. En los últimos años, las balaceras en chifas y los asesinatos de asiáticos han aparecido con frecuencia y alarma en los medios de comunicación peruanos.

El funcionamiento de la trata de personas organizada por Dragón Rojo quedó al descubierto en octubre de 2006, cuando el barco pesquero “Nalu” sufrió una avería, se quedó sin combustible y quedó a la deriva durante unos tres días en el Mar Caribe, a unos 160 kilómetros de Costa Rica. Cuando la embarcación fue rescatada, en su interior descubrieron a 58 peruanos y 70 chinos (exhautos, deshidratados y la mayoría sin documentación). El barco había partido de la ciudad peruana de Chimbote y su destino era Guatemala, desde donde pensaban poner rumbo a Estados Unidos.

Los migrantes chinos dijeron haber pagado entre 10.000 y 15.000 dólares para entrar en Perú. Dragón Rojo pensaba venderles en Norteamérica, donde deberían trabajar durante 20 años y entregar entre el 70% y el 80% de su sueldo para poder pagar todas sus deudas. Por si acaso, la mafia tenía identificados a sus familiares en China . “Estamos entonces ante lo que se llama esclavitud… o casi”, afirma Isabel Laussent-Herrera, investigadora del francés Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y considerada como la máxima autoridad en las comunidades chinas en Perú.

La mafia china de Dragón Rojo

La creciente presencia de Dragón Rojo en Perú ha puesto sobre la mesa la nueva migración ilegal procedente de China, mucho más amplia, organizada y violenta que en el pasado. Ricardo Valdés, el director de la ONG especializada en la trata de personas Capital Humano y Social Alternativo (CHS), es una de las personas que ha vivido el fenómeno en primera persona.

Este experto peruano recuerda que entre los años 2002 y 2004, cuando trabajaba como jefe de gabinete de asesores en el Ministerio del Interior, de pronto comenzó a ver una creciente solicitud de permisos de residencia de ciudadanos chinos. “En aquella época llegaban a mi mesa montañas de pasaportes chinos. Llegaban en grupos de 50 y 60… Y yo le decía al director general de migraciones: aquí pasa algo, esto no puede ser normal”, recuerda.

Con el paso del tiempo, Ricardo Valdés se dio cuenta de que el secreto se encontraba en el consulado de Perú en Shanghai. Los documentos que llegaban a la Oficina de Migraciones en Lima (que dependía del Ministerio del Interior) estaban todos en regla. Los ciudadanos chinos habían conseguido visados de negocio o turismo para llegar a Perú (los cuales renovaban cada 60 días) y una vez en el país sudamericano cambiaban de identidad o se casaban con una peruana para conseguir el permiso de residencia. “Lo que nosotros pudimos determinar es que en esa época uno de los consulados en China estaba absolutamente comprado por la mafia. Y por lo tanto entregaba todos los visados. Con garante o sin garante. Poco importaba. Simplemente era pago de por medio. Entraban como Pedro por su casa”, explica Ricardo Valdés.

Según la prensa peruana, los funcionarios recibían entre 1.000 y 2.000 dólares por cada visado concedido. Casos similares se han podido extender hasta 2015, cuando el entonces cónsul peruano en Shanghai, Alvarado Montoya, fue expulsado de China acusado de tráfico de personas.

El Dragón Rojo no sólo consiguió comprar a funcionarios en el consulado de Shanghai, sino también en la propia capital peruana. Ricardo Valdés explica que en el año 2004, poco antes de que dejara el Ministerio del Interior, la Oficina de Migraciones había planeado un operativo junto con la policía para arrestar a los principales líderes de la mafia china. Las autoridades les tenían localizados y contaban con pruebas suficientes.

El dispositivo se mantuvo en secreto para evitar filtraciones. Ricardo Valdés recuerda que la noche previa incluso durmió en las oficinas del Ministerio del Interior para evitar que la información saliera de esas cuatro paredes. Pero todo fue en vano: el Dragon Rojo se había colado en el corazón de las instituciones migratorias peruanas . “El operativo no se pudo concretar porque la información se filtró a los capos de la mafia”, reconoce Ricardo Valdés.

La migración ilegal china al Perú ha tomado nuevas rutas en los últimos años y no ha dudado en adaptarse a las nuevas legislaciones de los países vecinos. A partir de 2008, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en esas fechas negociaba diversos acuerdos de financiación e infraestructuras con China, decidió suprimir la exigencia de visado para los turistas chinos (y para casi todas las nacionalidades ). El resultado es que los traficantes comenzaron a redirigir el tráfico hacia Ecuador (mucho más sencillo y barato) y desde allí entrar por tierra a Perú, donde cuentan con mayores infraestructuras y contactos.

Entre el 20 de junio y el 30 de noviembre de 2008, se calcula que 10.638 chinos entraron en Ecuador, la mayoría provenientes de Fujian. “En esa época empezaron a detener grandes cantidades de chinos en los puestos de la frontera norte. Ahí no había que falsificar nada, porque Ecuador les ponía el visado de turistas. En la frontera norte con Perú el control es mínimo, hay muchos puestos fronterizos, puedes pasar a pie y todo está a la venta”, dice Ricardo Valdés.

El resultado de la creciente migración ilegal procediente de Fujian, y en particular su vinculación con organizaciones violentas como Dragón Rojo, ha supuesto una nueva conmoción en las “viejas” comunidades chinas instaladas en Lima. Tanto la APCh como la Beneficencia desconfían de los fujianeses y hasta ahora no les han incorporado en el seno de sus instituciones.

Los casos de extorsión y asesinatos de las mafias, ampliamente difundidos en los medios de comunicación, han contaminado en gran medida la imagen que muchos peruanos tenían de la comunidad china. Y la culpa va a parar al conjunto de los nuevos migrantes de Fujian. “Hay una cosa que es cierta: la mafia apareció cuando aparecieron los fujianenses”, dice Rodrigo Campos. Otros, como el director de la revista Oriental, Raúl Chang, reconocen que existe miedo ante las posibles represalias de Dragón Rojo y que lo más inteligente es mantenerse al margen. “Tú no puedes hablar de extorsiones y hacerlo público, porque la mafia viene acá y me tiran una bomba. ¿Para qué te vas a meter en eso? Es preferible quedar bien con Dios y con el Diablo”.

¿Cuántos chinos hay en el Perú?

Otro resultado de esta migración ilegal es que realmente nadie sabe cuántos chinos hay en Perú. Al principio de este capítulo hemos hablado de entre un millón y tres millones de tusanes, pero éste número se refiere a todas las personas con sangre china (muchos de ellos mestizos o descendientes de tercera y cuarta generación), la inmensa mayoría de ellos con pasaporte peruano desde hace décadas.

En el censo oficial de 2007 se identificaba a 3.450 chinos residentes en Perú (es decir, con pasaporte chino), mientras que la Superintendencia Nacional de Migraciones hablaba en 2013 de 9.222 chinos (la comunidad más numerosa con el 12% de los extranjeros, por delante de colombianos, estadounidenses y españoles ).

Pero todo el mundo es consciente de que estas cifras están muy por debajo de la realidad. En las últimas décadas, Perú ha visto como el número de asiáticos y de chifas se multiplicaba a lo largo y ancho del país, llegando hasta los barrios periféricos y los pueblos más remotos. La Beneficencia China y la especialista Isabel Lausent-Herrera (quien ha estudiado el tema en profundidad) hablan de al menos 100.000 chinos en Perú.

En Argentina, donde en las últimas décadas se ha vivido una migración similar de fujianeses, el sinólogo Eduardo Daniel Oviedo lo explica con claridad: “Es factible saber la cantidad exacta de toneladas de granos de soja que le vendemos a China; pero no tenemos claro cuántos chinos hay en la Argentina”.

También aquí, como en el caso de las inversiones mineras, es fácil apreciar la debilidad de las instituciones peruanas y su omnipresente corrupción. Si antes de hablar con Ricardo Valdés tenía la impresión de que entrar en Perú de forma ilegal debía ser algo muy complicado, después de una hora de conversación tenía frente a mí una larga lista de posibilidades de entrada. Este exfuncionario del Ministerio de Interior no dudaba en poner el dedo en la llaga: “Mira, el estado peruano… es como un queso gruyère. No se puede calificar de otra forma. Como dijo un ministro de Justicia: ‘tenemos fronteras porosas’”.

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