Unos pocos miles de manifestantes llegaron el pasado 22 de marzo al centro de Quito, Ecuador, para protestar contra la megaminería a cielo abierto. La marcha, organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), partió el 8 de marzo, a 700 kilómetros de distancia de la capital. Pero la protesta había comenzado el día 5, cuando un grupo de ocho mujeres fue detenido por la policía tras desplegar un cartel con la leyenda: “Fuera las empresas chinas de Ecuador”, precisamente en la puerta de la embajada china.

Ese mismo día, el Gobierno del Presidente Rafael Correa -el mismo que en 2009 anunciaba públicamente que Ecuador nunca olvidaría el maltrato sufrido por China- firmaba el comienzo de actividades del primer gran proyecto minero de Ecuador.

China desarrolla uno de los grandes proyectos mineros de Ecuador

La encargada de llevarlo a cabo será Ecuacorriente, una empresa minera de capital estatal chino (China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Holding) que ya trabaja en la extracción de cobre a cielo abierto en la zona amazónica de Zamora Chinchipe. Esta región, rica en diversidad biológica y habitada por miles de nativos de la etnia Shuar, queda a 400 kilómetros del Puerto de Manta, el principal puerto del país y el más cercano de Latinoamérica Sudamérica a China.

Rafael Correa, para quien los manifestantes están aliados con la izquierda y la derecha y se proponen derrocarlo, estaba exultante la mañana del 22 frente a decenas de miles de manifestantes reunidos en una contramarcha de apoyo al Gobierno. Dijo que lo que está haciendo Ecuacorriente es minería con total responsabilidad ambiental y social; y que él siempre estará dispuesto a intercambiar opiniones, siempre que sea con gente “sana” que no haga marchas de protesta.

Un impotente Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, respondía horas más tarde que “el Gobierno ha roto la Constitución cuando ha autorizado la minería a gran escala en una zona protegida de la selva de nuestro país. Estamos dispuestos a luchar para defender nuestra Madre Naturaleza”.

Proyectos polémicos de China en Ecuador

El de Ecuacorriente no es el único conflicto social ecuatoriano en el que está envuelta China.

Los problemas con los pueblos nativos comenzaron con el Proyecto Multimodal Manta – Manaos, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico. Por tierra, en gran parte de Ecuador, y luego en barco por el río Napo que continúa en Perú y se comunica con el Amazonas, en Brasil, donde se encuentra la ciudad de Manaos, una zona franca donde se han instalado y se siguen instalando varias empresas chinas. Algo parecido a lo que pretendió hacer Lope de Aguirre hace 500 años y que fue espectacularmente reflejado en la película de Herzog “Aguirre, la ira de Dios”, con la diferencia de que ahora China cuenta con el financiamiento y la tecnología adecuadas.

A pesar de todo, parte de su participación está en duda después de que la empresa hongkonesa Hutchinson Whampoa se desvinculara de la gestión del puerto de Manta a causa de una disputa con el gobierno nacional. El Multimodal Manta-Manaos interesa especialmente a Brasil, ya que así se ahorra unos cuantos miles de kilómetros en el viaje hacia el lejano oriente.

Además de la construcción de autopistas adecuadas, se prevé un puerto de carga y dos aeropuertos. Obviamente toda esta construcción y el tránsito permanente de barcazas y camiones afectará seriamente a una de las zonas menos transitadas del mundo, donde viven varias poblaciones nativas y en cuyas proximidades se encuentran incluso pequeñas tribus que no han tenido nunca contacto con la civilización.

Los préstamos del gobierno chino a Ecuador

Gracias a que Estados Unidos y sus aliados occidentales decidieron cortarle el crédito a Ecuador, este pequeño país colmado de maravillas naturales ha tenido que abrigarse bajo el ala de China, aún cuando el mismo Presidente Correa confesara en su momento que las condiciones eran humillantes.

En los últimos cinco años, Ecuador ha recibido unos 7.000 millones de dólares de préstamos chinos (2.000 millones a pagar en petróleo) relacionados con proyectos de infraestructura, energía hidroeléctrica, petróleo y minas.

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